Escuadrón 48: ordenan mejorar condiciones de detención
El juez Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal N°2 de esta capital, hizo lugar a una acción de hábeas corpus correctivo, en carácter colectivo, a favor de las personas detenidas en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y ordenó mejorar con "carácter urgente" las condiciones de detención.
El magistrado respondió así a una presentación realizada por un apoderado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que denunció que las personas alojadas en dicho escuadrón “se hallaban en condiciones de detención infrahumanas”.
Vallejos dispuso específicamente que los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad provean, por cualquier medio, seis camas cuchetas, colchones, mantas, sábanas, almohadas, con destino a la celda existente en el lugar.
Además los intimó a que coloquen ventiladores adecuados y en cantidad suficiente para asegurar la ventilación del sitio, y a que suministren desinfectantes para la salubridad e higiene del baño único con el que cuenta la celda. Por otra parte, les ordenó "adecuar" las instalaciones eléctricas existentes a un estándar mínimo de seguridad.
En su resolución, el magistrado dijo que está comprobado que en la única celda que hay en el lugar “existe sobrepoblación carcelaria", ya que teniendo capacidad de alojamiento para entre cuatro y seis personas, aloja a once detenidos.
"Viven en condiciones inadecuadas, en tanto no poseen camas y duermen en el suelo sobre colchones. Además, se constató la escasa ventilación que ayude a soportar las altas temperaturas de verano y menos aun, sistema de calefacción para período invernal”, dice la sentencia.
El juez también se refirió al régimen de visitas, al esparcimiento y a la higiene personal, alimentación, comunicación y salud de los internos.
Vallejos señaló también que, de la inspección judicial realizada, se concluye “inequívocamente” que respecto de quienes se encuentran alojados en encarcelamiento provisorio en dicho no se cumplen con los estándares mínimos de garantías enmarcadas de la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
“Debe repararse que la privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave indebidamente”, aseguró en el final.
El magistrado respondió así a una presentación realizada por un apoderado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que denunció que las personas alojadas en dicho escuadrón “se hallaban en condiciones de detención infrahumanas”.
Vallejos dispuso específicamente que los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad provean, por cualquier medio, seis camas cuchetas, colchones, mantas, sábanas, almohadas, con destino a la celda existente en el lugar.
Además los intimó a que coloquen ventiladores adecuados y en cantidad suficiente para asegurar la ventilación del sitio, y a que suministren desinfectantes para la salubridad e higiene del baño único con el que cuenta la celda. Por otra parte, les ordenó "adecuar" las instalaciones eléctricas existentes a un estándar mínimo de seguridad.
En su resolución, el magistrado dijo que está comprobado que en la única celda que hay en el lugar “existe sobrepoblación carcelaria", ya que teniendo capacidad de alojamiento para entre cuatro y seis personas, aloja a once detenidos.
"Viven en condiciones inadecuadas, en tanto no poseen camas y duermen en el suelo sobre colchones. Además, se constató la escasa ventilación que ayude a soportar las altas temperaturas de verano y menos aun, sistema de calefacción para período invernal”, dice la sentencia.
El juez también se refirió al régimen de visitas, al esparcimiento y a la higiene personal, alimentación, comunicación y salud de los internos.
Vallejos señaló también que, de la inspección judicial realizada, se concluye “inequívocamente” que respecto de quienes se encuentran alojados en encarcelamiento provisorio en dicho no se cumplen con los estándares mínimos de garantías enmarcadas de la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
“Debe repararse que la privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave indebidamente”, aseguró en el final.
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