Semana crucial para las dos leyes financieras enviadas por el Ejecutivo
La renuncia al Pacto Fiscal firmado en 1992 sería ley esta semana, de no mediar inconvenientes. La Cámara de Diputados está en condiciones de sancionar la ley que ya tiene media sanción en el Senado y dictamen favorable de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto e Impuestos, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, lo que habilitaría al Gobierno de la provincia a plantear la renuncia a ese acuerdo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta semana también serían analizados en las comisiones pertinentes la ley de solicitud de préstamos por 270 millones de pesos, y el oficialismo buscaría obtener despacho favorable para tratar sin modificaciones el proyecto girado por el Senado con media sanción.
En el caso de la denuncia del Pacto Fiscal, la ley necesita de mayoría simple, por lo que desde el oficialismo descuentan su aprobación sin mayores trámites, lo que no quiere decir que la provincia podrá contar de inmediato con los recursos recuperados, puesto que todavía tiene darse una instancia judicial, en razón de que para la Presidencia de la Nación ese acuerdo tiene prórroga hasta 2015.
La ley provincial de salida del pacto fiscal habilita al Poder Ejecutivo a denunciar los términos de acuerdo firmado en 1992, por el cual los gobiernos provinciales permitieron que se les descuente el 15% de la coparticipación para financiar el sistema oficial de jubilaciones, en el marco de la privatización de estos beneficios, lo que ponía en situación de déficit a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y con ese aporte de las provincias se lo mitigaba.
Desde el 2008, año en que el Gobierno nacional decidió reestatizar el sistema de jubilaciones, el fundamento que dio origen a los descuentos dejó de existir, ya que al recuperar los fondos previsionales la ANSES logró un superávit extraordinario, lo que es utilizado por los gobernadores como fundamento para plantear reclamos judiciales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante el fin de semana la integrante del máximo organismo judicial de la nación, Elena Highton de Nolasco, pidió a los gobernadores y a la Presidencia que traten de darle una solución política a un conflicto que la magistrada considera como tal, aunque señaló que de tener que emitir dictamen al respecto lo harían en el marco de las leyes vigentes.
Respecto de las leyes para solicitar créditos para obras energéticas, están más demoradas y necesitan de una mayoría especial de dos tercios y es lo que demora su sanción efectiva. El oficialismo pretende tener dictamen esta semana para avanzar en su tratamiento.
Esta semana también serían analizados en las comisiones pertinentes la ley de solicitud de préstamos por 270 millones de pesos, y el oficialismo buscaría obtener despacho favorable para tratar sin modificaciones el proyecto girado por el Senado con media sanción.
En el caso de la denuncia del Pacto Fiscal, la ley necesita de mayoría simple, por lo que desde el oficialismo descuentan su aprobación sin mayores trámites, lo que no quiere decir que la provincia podrá contar de inmediato con los recursos recuperados, puesto que todavía tiene darse una instancia judicial, en razón de que para la Presidencia de la Nación ese acuerdo tiene prórroga hasta 2015.
La ley provincial de salida del pacto fiscal habilita al Poder Ejecutivo a denunciar los términos de acuerdo firmado en 1992, por el cual los gobiernos provinciales permitieron que se les descuente el 15% de la coparticipación para financiar el sistema oficial de jubilaciones, en el marco de la privatización de estos beneficios, lo que ponía en situación de déficit a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y con ese aporte de las provincias se lo mitigaba.
Desde el 2008, año en que el Gobierno nacional decidió reestatizar el sistema de jubilaciones, el fundamento que dio origen a los descuentos dejó de existir, ya que al recuperar los fondos previsionales la ANSES logró un superávit extraordinario, lo que es utilizado por los gobernadores como fundamento para plantear reclamos judiciales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante el fin de semana la integrante del máximo organismo judicial de la nación, Elena Highton de Nolasco, pidió a los gobernadores y a la Presidencia que traten de darle una solución política a un conflicto que la magistrada considera como tal, aunque señaló que de tener que emitir dictamen al respecto lo harían en el marco de las leyes vigentes.
Respecto de las leyes para solicitar créditos para obras energéticas, están más demoradas y necesitan de una mayoría especial de dos tercios y es lo que demora su sanción efectiva. El oficialismo pretende tener dictamen esta semana para avanzar en su tratamiento.
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