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Diputados opositores pidieron al Gobierno que cese “su ataque al orden constitucional”

Se sumaron la UCR, el PRO, el Frente Peronista, el CC-ARI y Unión por Todos. “La independencia judicial está sufriendo un indebido acoso”, estimaron.Diputados referentes de bloques opositores alertaron hoy la existencia de "signos elocuentes de un Poder Ejecutivo que ignora la prohibición de involucrarse en causas judiciales" y le exigieron al oficialismo que “cese inmediatamente con sus ataques al orden constitucional”.

En una conferencia de prensa, los diputados de la oposición leyeron una declaración en la que denunciaron que "la independencia judicial está sufriendo un indebido acoso por parte del Poder Ejecutivo".
La declaración la firmaron Ricardo Gil Lavedra, Patricia Ferrari, Mario Negri y Juan Tunessi, por la UCR; Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Jorge Triaca (PRO); Enrique Thomas, Eduardo Amaadeo y Gustavo Ferrari (Frente Peronista); Alfonso PRAT Gay (CC-ARI) y Patricia Bullrich (Unión por Todos).
En el texto titulado "Sin independencia judicial no hay libertad", los bloques indicaron que "la facultad de recurrir a un tribunal independiente e imparcial constituye un derecho humano fundamental que es necesario defender con toda firmeza, porque es uno de los pilares de una democracia constitucional y la mayor garantía de la libertad".
Bullrich anunció que el próximo martes la oposición realizará un acto de desagravio a los cinco miembros del Consejo de la Magistratura "atacados por el Gobierno" por su actuación en el procedimiento para cubrir la vacancia en el tribunal que tramita una medida cautelar vinculada a la ley de Medios.
A su vez, Pinedo aclaró que si bien las presiones ahora están originadas por la aplicación de la ley de Medios, "no es el primer ataque del Gobierno a la Justicia". En ese sentido, los diputados manifestaron su repudio por las acciones que "de un modo cada día más intenso y ostensible promueve el Gobierno Nacional para terminar con ese principio esencial al Estado de Derecho".
Entre el ataque a las instituciones apuntaron "el intento de desplazar, a través de una maniobra burda, a un miembro del Consejo de la Magistratura para designar a una candidata adicta al Gobierno a fin de que resuelva una causa del modo que pretende el Ejecutivo" en lo que se refiere al artículo 161 de la ley de Medios, que obliga a la desinversión a licenciatarios que superan el número de señales permitidas.
También citaron en la declaración "las insólitas conferencias de prensa del ministro de Justicia" para cuestionar jueces "que no son del agrado del Gobierno". Las "intimidantes denuncias penales formuladas" contra miembros del Consejo de la Magistratura; la "tentativa de otorgar un acuerdo express a una lista de oscuros conjueces" para cubrir subrogancias y "el anuncio de una intempestiva reforma procesal".
La conclusión del documento fue que todas las presiones son "signos elocuentes de un Poder Ejecutivo que ignora la prohibición constitucional de involucrarse en causas judiciales y no vacila en indicar públicamente cómo deben resolverse los asuntos sometidos al conocimiento de los jueces de la Nación, menoscabando la necesaria independencia de criterio e imparcialidad de los tribunales para la aplicación de las leyes".